La Cámara de Representantes sancionó este jueves la ley que crea el fuero ambiental en la Justicia provincial, una instancia que coloca a Misiones a la vanguardia entre las provincias del país, y también a nivel del fuero federal.

El proyecto aprobado por unanimidad era resultado de la suma de varias iniciativas de legisladores de los diferentes bloques partidarios, y tenía dictamen favorable de la Comisión de Legislación General, Justicia y Comunicaciones, de octubre de 2021.

La ley crea un juzgado con asiento en Posadas, con jurisdicción en toda la provincia, dos secretarías y una fiscalía para impulsar las causas.

La nueva legislación le concede al juzgado ambiental  competencia en toda acción derivada del ejercicio de defensa del ambiente, ante cualquier hecho u omisión, ilegal o arbitrario que afecte, lesione, restrinja, altere, amenace o disminuya los recursos naturales, el equilibrio de sus ecosistemas y los bienes o valores colectivos, de manera actual o inminente y sin limitación de cuantía; en los procesos cautelares ambientales; en los juicios ordinarios por reparación o remediación de daño ambiental, incluida la faz resarcitoria privada; y en todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental o regidos por legislación específica vinculada al ambiente.

Señala que la competencia del juzgado no puede ser delegada y excluye al fuero penal de toda cuestión relacionada con el medioambiente.

Asimismo, otorga a la fiscalía ambiental las funciones de promover y ejercer la tutela jurisdiccional del ambiente ante el juzgado; solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones administrativas ante organismos nacionales, provinciales o municipales; recibir denuncias y efectuar las derivaciones pertinentes, dentro del Ministerio Público y a otros entes e instituciones; coordinar acciones con las distintas dependencias judiciales y administrativas provinciales, e incluso requerir la colaboración de instituciones nacionales e internacionales especializadas.

También, celebrar acuerdos de conciliación sobre cuestiones ambientales, siempre que resulte adecuado a las circunstancias del caso o gravedad del daño; concurrir a las audiencias públicas que se llevan a cabo sobre cuestiones ambientales.

La ley le otorga al Superior Tribunal de Justicia de la provincia la autoridad de aplicación, para proceder a la distribución de tareas, turnos, reubicación o designación de secretarios y personal, y fijar la fecha de apertura del juzgado y la fiscalía creados.

La nueva normativa se suma al paquete de leyes y políticas ambientales desarrolladas en la provincia, como la ley provincial de humedales, que también sigue siendo una cuenta pendiente a nivel nacional.

Argentina

El 24 de septiembre de 2020, Argentina fue el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú, que establece el acceso a la justicia ambiental, el acercamiento a la información y a la participación pública de las comunidades, pero el país todavía no cuenta con fuero ambiental en la justicia federal.

El fuero federal cuenta con una Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima), creada en 2006 mediante un convenio de la entonces Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Ministerio Público Federal, en el marco de la causa “Mendoza”, un fallo histórico que obligó al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a restituir los daños provocados por la contaminación del río Matanza Riachuelo, que nace en la provincia de Buenos Aires y desemboca en el río de la Plata.

La función de la Ufima es reducida, porque únicamente da apoyo sobre las líneas de investigación a las fiscalías y juzgados federales de todo el país, pero no abre expedientes de investigación. Su presupuesto, inicialmente, dependía de la Secretaría de Ambiente. Pero el convenio terminó y el MPF se hace cargo, financieramente, de esta unidad.

En 2018, las cámaras de Senadores y Diputados emitieron un proyecto de ley para crear tres juzgados federales ambientales en el norte, centro y sur del país, de una Cámara Federal de Apelaciones, tres fiscalías federales y una secretaría ambiental por cada una de las provincias. Sin embargo, la propuesta, nunca fue una prioridad en la agenda legislativa.

Actualmente, Argentina juzga los casos ambientales con base en la Ley de Residuos Peligrosos, sustentada en siete artículos del Código Penal relacionados con las afectaciones a la salud pública y también las infracciones a la norma 22.421, que es la Ley de Conservación de la Fauna.

En abril pasado, la diputada y presidenta del Bloque Encuentro Federal, Margarita Stolbizer, junto a los diputados Emilio Monzó, Sebastián García De Luca y Domingo Amaya, presentó un proyecto para la creación de la Justicia Federal para la Protección del Ambiente, similar al de 2018.

El proyecto, crea cinco juzgados federales ambientales de primera instancia y una Cámara Federal de Apelaciones, organizados en cinco circunscripciones judiciales.

Misiones está incluida en la tercera circunscripción, junto a Formosa, Chaco, y Corrientes, con asiento en la capital de esta última provincia.

Fuente: (LvM)