Jubilados misioneros: ajuste nacional, crisis provincial

Más de 65 mil jubilados de Misiones perdieron casi $1 millón en 15 meses

Más de 65 mil jubilados de Misiones perdieron casi $1 millón en 15 meses como consecuencia directa de un ajuste estructural que impacta de lleno en los sectores más vulnerables. La situación, invisibilizada por el discurso de la “austeridad”, constituye un recorte sistemático que afecta el consumo, la salud y la dignidad de miles de adultos mayores.

De acuerdo al relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizado en base a datos oficiales de la Secretaría de Trabajo de la Nación, la provincia cuenta con 124.421 jubilados, de los cuales más de 112 mil están afiliados al PAMI. Dentro de ese universo, 65.674 perciben el haber mínimo o menos, y han sufrido el mayor impacto del congelamiento del bono extraordinario, fijado en $70.000 desde marzo de 2024.

Si dicho bono se hubiera actualizado según la fórmula de movilidad, debería alcanzar los $158.658 en junio de 2025. La pérdida acumulada para cada jubilado se estima en $879.450, lo que representa un recorte agregado de $57.757 millones solo en Misiones.

El deterioro no termina ahí. La jubilación mínima, aún incluyendo el bono, perdió un 15% de poder adquisitivo en comparación con fines de 2023. A su vez, la eliminación del refuerzo mensual de $15.000 para ingresos de hasta un haber y medio, que beneficiaba al 9,3% del total, supuso otra pérdida acumulada de $32.374 millones en la provincia.

Mediante las fuentes consultadas, se destaca también la eliminación del reintegro automático del IVA en consumos esenciales, un beneficio que alcanzaba al 86,6% de los jubilados del país y cuya supresión afectó el acceso a alimentos y medicamentos básicos.

Las consecuencias exceden lo individual. Como advierte el CEPA, “los jubilados de la mínima destinan sus ingresos enteramente al consumo local”, por lo que el recorte previsional produjo un efecto dominó en la economía de Misiones: entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se perdieron 6.591 empleos formales privados, equivalente a una caída del 6,1%, la peor desde la pandemia.

La situación se traduce en hogares que priorizan menos comida, postergan tratamientos médicos y no pueden cubrir servicios básicos. En un contexto de salud pública saturada y redes familiares debilitadas, el ajuste se convierte en abandono.

Sectores políticos y sociales ya reclaman con urgencia la recomposición del haber, la actualización del bono y la restitución de herramientas de contención que hasta hace poco mitigaban la pobreza previsional.

La reactivación económica de la provincia está atada al bienestar de sus jubilados. El presupuesto nacional no puede soslayar que detrás de los números hay personas que trabajaron toda su vida y hoy están siendo empujadas a la indigencia.