Desde noviembre, el sistema eléctrico argentino volverá a definirse por oferta y demanda
El Gobierno busca reducir subsidios y restablecer la competencia en el mercado eléctrico.
La Secretaría de Energía oficializó un cambio estructural en el sistema eléctrico argentino con la Resolución 400/2025, publicada este lunes. A partir del 1° de noviembre, el precio de la energía volverá a determinarse por oferta y demanda, marcando el fin del esquema de control estatal que regía desde la crisis de 2001.
El nuevo modelo restablece la competencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y limita el papel operativo de CAMMESA, que dejará de concentrar la compra de combustibles y contratos. El objetivo, según el texto oficial, es que los valores reflejen los costos reales de generación y no precios administrados por el Estado.
Con este cambio, el Gobierno pretende reordenar el sector sobre tres ejes: libre contratación, precios marginales y reducción de subsidios. En esta línea, desde la cartera energética explicaron que el sistema anterior, basado en tarifas congeladas y subsidios generalizados, “distorsionó las señales económicas, frenó inversiones y aumentó el gasto público”.
Además, la medida introduce una nueva clasificación de generación. La Generación Asignada incluye las centrales bajo control estatal o con contratos vigentes, mientras que la Generación al Spot agrupa a las plantas que competirán libremente en el mercado. CAMMESA conservará funciones de despacho y liquidación, pero dejará la gestión directa de compras.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la decisión. “Sacar al Estado del medio es revertir ese proceso y permitir un funcionamiento sin aprietes, sin corrupción y sin ineficiencias. Porque un Estado más pequeño es la mejor política para combatir la corrupción; y que además nos va a dar más electricidad y más barata”, afirmó.
Desde Energía señalaron que los cambios serán graduales
En este sentido, desde Energía señalaron que la transición será gradual y que el propósito final es alcanzar un sistema “transparente, competitivo y sustentable”, donde el Estado actúe como regulador y no como operador directo. Asimismo, el esquema prevé un nuevo tipo de cambio de referencia para las transacciones y elimina restricciones para la compra de energías renovables.
La resolución también exige que las grandes demandas nuevas cuenten con respaldo físico propio y establece un marco más flexible para los contratos entre generadores y distribuidoras. Con esto, el Ejecutivo busca consolidar un mercado eléctrico más eficiente y competitivo, capaz de atraer inversiones y reducir el peso del gasto público en el sector.
