Francisco García, presidente y administrador de Colonizadora Misionera SA, denunció públicamente y ante la Justicia que el  avance de la intrusión – personas que invaden ilegalmente en tierras privadas y las ocupan sin autorización-, provocó una grave deforestación en su propiedad en Pozo Azul, en el departamento de San Pedro. Denunció fraude con la venta ilegal de tierras por parte de los intrusos. Según García, más de 2.000 hectáreas fueron devastadas por intrusos que talan el monte nativo y queman el terreno para plantar yerba mate y maíz. “Esta situación es insostenible para cualquier proyecto de conservación, restauración de bosques o créditos de carbono en Misiones”, cuestionó el empresario.

Producto del avance de los intrusos que presionan sobre el monte misionero, «entre Pozo Azul y San Pedro se puede observar la deforestación ilegal con solo recorrer la zona», dijo García, quien consideró que “es necesaria una intervención urgente de las autoridades ambientales competentes para garantizar la preservación de los recursos naturales y permitir que la justicia y la policía trabajen en los desalojos».

García, residente en Eldorado y presidente de Colonizadora Misionera SA, denunció públicamente la invasión de intrusos en su propiedad en varias ocasiones. Y en la justicia lleva un proceso por intrusión desde 2018 cuando inició un juicio de desalojo en el Juzgado de San Vicente, según expediente judicial del Lote M, Parcela 324 B del Paraje Puente Alto, en el Municipio de Pozo Azul, en el Departamento de San Pedro.

«Personas de municipios cercanos invadieron sectores de nuestra propiedad para producir yerba mate o maíz,» relató García. «Pero nunca se hizo nada para frenar este avance, y el problema se profundiza porque esta gente está organizada y protegida. Destruyen el monte nativo y cometen fraudes con la venta de tierras.»

El empresario asegura que la deforestación ilegal ya dañó más de 2.000 hectáreas de bosques nativos en su propiedad, provocando graves daños ambientales debido a la tala indiscriminada, la degradación de suelos y el cultivo en sitios no permitidos por la legislación vigente.

En la entrevista con ArgentinaForestal.com, García acusó a los municipios locales de promover la intrusión o proteger a las personas involucradas en estos ilícitos. También cuestiona “al poder político de Posadas”, ya que  recordó que en 2006, de las 22.000 hectáreas de Colonizadora Misionera SA que fueron expropiadas para un Plan Provincial de Regularización de Tierras, aún no han recibido compensación y están en juicio con el Estado Provincial.

«LAS 11.000 HECTÁREAS RESTANTES, QUE SUPUESTAMENTE DEBERÍAN ESTAR LIBRES DE INTRUSIÓN, TAMBIÉN HAN SIDO OCUPADAS ILEGALMENTE,» REMARCÓ GARCÍA. «NO TENEMOS APOYO INSTITUCIONAL PARA PROTEGER NUESTRA PROPIEDAD NI DECISIÓN POLÍTICA PARA DEFENDER LA PROPIEDAD PRIVADA DEL DELITO DE INVASIÓN DE INTRUSOS.»

Desde 2018, García viene presentado innumerables denuncias y asegura que nunca fueron atendidas por las autoridades competentes con la urgencia que se requiere cuando se trata de delitos ambientales. «Finalmente, iniciamos un juicio de desalojo en el Juzgado de San Vicente y logramos la sentencia de un juez el año pasado. Sin embargo, el jefe de la Unidad Regional de Policía de San Pedro no acata la medida judicial.»

Aseguró que en agosto de 2023, el caso de Colonizadora Misionera llegó al Superior Tribunal y luego a la Cámara de Apelación. El juez de San Vicente, Gerardo Casco, dictó una Sentencia de desalojo ordenando a las fuerzas policiales de San Pedro proceder con el desalojo de los intrusos. Sin embargo, esta orden no ha sido cumplida, motivo por el cual García también inició acciones legales por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.

Deforestación y daños ambientales

Mientras tanto, el propietario de Colonizadora Misionera describe una situación de violencia por parte de los intrusos y la sistemática destrucción ambiental en su propiedad. «Los intrusos destruyen nuestros bienes forestales, realizan talas indiscriminadas, queman áreas para plantar yerba mate y maíz, rompen alambrados y tranqueras, y nos amenazan con armas.»

Además del daño ambiental, García denuncia el robo de ganado y la circulación ilegal por su propiedad. «La impunidad con la que operan es evidente,» afirmó. «No estamos hablando de colonos indigentes, sino de personas organizadas que realizan delitos ambientales y se apropian de grandes extensiones de tierra.»

García, cuya principal actividad es la ganadería y producción de yerba mate, sostiene que la problemática de intrusión impide cualquier proyecto productivo sostenible. «Primero hay que dar seguridad jurídica, proteger la propiedad privada y ejecutar una real política ambiental,» cuestionó.

«Recurrí este año al Ministerio de Ecología para solicitar apoyo en el control forestal, pero solo vinieron una vez y nunca más aparecieron,» agregó García. «Mientras tanto, los intrusos arrasan con todo y no pasa nada. Esto no puede seguir así.»

Finalmente, el propietario de bosques nativos planteó sus dudas respecto al compromiso del Estado Provincial en respetar la propiedad privada y con la conservación y protección de los recursos naturales de Misiones. «No hay interés por el ambiente en Misiones, no se respeta la propiedad privada y la policía no acata la orden de un juez por orden de sus superiores”, concluyó.

García también recordó que, aunque reside en Eldorado, su familia es propietaria del 75% de las tierras que ocupan los pobladores de Pozo Azul. «El casco urbano, la escuela y el balneario municipal están en nuestra propiedad,» señaló. «En algún momento, el gobierno de Misiones deberá regularizar esta situación.»

Colonizadora Misionera también lleva adelante un juicio de reivindicación para proteger su propiedad y asegurar la legalidad en el uso de sus tierras.

Fuente: ArgentinaForestal.com