Avanza el ajuste sobre el INTA y crece la preocupación por el futuro del agro
El recorte presupuestario y la intervención política del Gobierno ponen en jaque décadas de desarrollo científico.
Mediante las fuentes consultadas por Diario SOL, se confirmó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una de las etapas más críticas de su historia. La política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional, encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, amenaza con desmantelar un organismo clave para el desarrollo agropecuario y la soberanía alimentaria del país.
Silvina Fariza, secretaria general de APINTA e investigadora en Misiones, denunció que “no estamos frente a una reestructuración técnica, sino ante un desguace del INTA que afecta la base misma de nuestro sistema científico y productivo”.
La propuesta oficial fue justificada por Sturzenegger con afirmaciones que, según Fariza, son incorrectas. El ministro aseguró que el presupuesto del INTA “equivale a la mitad de las retenciones al maíz”, cuando en realidad —según documentación interna— apenas representa el 16% de esa recaudación proyectada para 2025. También minimizó el uso del parque automotor del organismo, sin considerar que la mayoría de los vehículos están destinados a tareas territoriales en más de 400 sedes distribuidas en todo el país, y que más del 70% de ellos se encuentran obsoletos.
La situación del personal también es alarmante: en el último año, más de mil trabajadores abandonaron el organismo, lo que implica una pérdida de conocimiento altamente especializada y difícil de reponer.
Pero el golpe más profundo —alertan desde APINTA— lo recibirán los pequeños productores. “El INTA no solo desarrolló tecnologías como el silobolsa o la vacuna contra la aftosa; también inscribió más de 900 variedades adaptadas a climas y suelos locales, que garantizan producción sostenible para regiones que quedarían totalmente marginadas sin este respaldo”, explicó Fariza.
Otro punto sensible es el intento del Gobierno de intervenir en la gobernanza del organismo, desplazando a los representantes del sector productivo que hoy integran el Consejo Directivo. “Buscan imponer una agenda que responde exclusivamente a intereses del agronegocio, dejando de lado el trabajo en adaptación local, resiliencia y seguridad alimentaria”, advirtió la gremialista.
En cuanto al rol de las entidades agropecuarias, Fariza fue categórica: “Hasta hace un año, nos apoyaban mayoritariamente. Hoy guardan un silencio inexplicable. No sabemos qué prometió el Gobierno, pero dejaron a los pequeños productores sin voz”.
La Asociación del Personal del INTA continúa con una intensa agenda de reuniones con legisladores y autoridades provinciales, pero reconoce que la dimensión del conflicto excede el plano sindical: “Es una discusión sobre qué modelo de país queremos: uno donde el conocimiento se ponga al servicio de todos, o uno en el que prevalezcan únicamente los intereses de unos pocos”.
Fariza fue contundente: “Cada avance en nuestros alimentos, en nuestros cultivos, tiene al INTA detrás. Dejarlo caer es hipotecar el futuro productivo del país”.
