Análisis semanal | El Papa, las derrotas de la derecha y la apuesta de Passalacqua por el pragmatismo

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El presidente Javier Milei viene de un par de semanas complicadas por las derrotas de Flavio Bolsonaro y Donald Trump y se prepara para recibir al Papa León XIV, cuyo discurso de alto contenido social colisiona con la doctrina libertaria. Resultados electorales en diferentes países sugieren un debilitamiento de las nuevas derechas, pero lecturas más pragmáticas ubican las causas más cerca del metro cuadrado de la gente que de las interpretaciones ideológicas. Gobiernos provinciales que consiguieron la continuidad que tanto les cuesta a sus pares nacionales parecen entender mejor esa lección.

La visita del Papa acaparará la atención del país durante los próximos días y aunque el Gobierno nacional se esfuerce en condenar lecturas “politizadas” de sus dichos y acciones, será muy difícil evitarlas.

La Iglesia viene haciendo política desde los tiempos del Imperio Romano y nada indica que vaya a interrumpir esa costumbre para evitar incomodar a un jefe de Estado. En muchos aspectos León XIV es continuador de la línea marcada por su antecesor, Francisco, calificado por Milei como “el representante del maligno en la Tierra”.

Lo dejó en claro en Uruguay con palabras de alto contenido social y en su primera encíclica (Magnífica Humanitas) en la que, entre otras cosas, advirtió respecto a los riesgos del desarrollo de la IA si se la aplica como herramienta de concentración de poder en manos de un puñado de tecnomagnates.

Su agenda de actividades resulta reveladora. La primera actividad que realizará en suelo argentino en su carácter de líder religioso será visitar el Cottolengo Don Orione, cuyo dedicado trabajo contrasta con las decisiones del Gobierno nacional en materia de discapacidad, después se reunirá con representantes de sindicatos y más tarde con organizaciones sociales.

Desde la oposición se ilusionan con la posibilidad de que la visita de León XIV, cuya visión del mundo no comulga con el catecismo libertario, horade los niveles de popularidad del mandatario argentino que viene golpeado por las derrotas de sus amigos Trump y Bolsonaro y por la destitución de Peña en Paraguay.

Pero si cayeran en la tentación de intentar aprovechar políticamente la visita papal, ese pecado no pasará inadvertido para una sociedad que no confunde desencanto actual con nostalgia del pasado.

¿El fin del giro a la derecha?

Las derrotas de Donald Trump en Estados Unidos, Flávio Bolsonaro en Brasil y Viktor Orbán en Hungría, junto con la pérdida de la mayoría parlamentaria del bloque de Benjamín Netanyahu en Israel, reabren una discusión sobre el rumbo político de las democracias occidentales. ¿Estamos ante el agotamiento del giro hacia la derecha radical o frente a algo más elemental: el castigo de sociedades que no encuentran respuestas a sus problemas cotidianos?

Hay momentos en los que los resultados electorales de distintos países parecen contar una misma historia. No necesariamente porque sus sociedades compartan idénticas preferencias políticas, ni porque sus electorados hayan llegado a conclusiones ideológicas similares, sino porque, detrás de las diferencias culturales, económicas y geopolíticas, aparece una demanda que atraviesa fronteras: vivir mejor.

La reciente sucesión de reveses electorales para dirigentes y movimientos identificados con las nuevas derechas invita a preguntarse si está comenzando a agotarse el ciclo de expansión de estas expresiones políticas que durante los últimos años consiguieron capitalizar el descontento social, cuestionar los consensos tradicionales y desplazar a buena parte de las fuerzas políticas convencionales.

En Estados Unidos, los demócratas le dieron una paliza a Trump y recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso. En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro en el balotaje presidencial del 25 de octubre. En Hungría, Viktor Orbán perdió el poder después de 16 años de gobierno. Y en Israel, el bloque de Netanyahu quedó lejos de los 61 escaños necesarios para alcanzar una mayoría parlamentaria.

Frente al entusiasmo de sectores del progresismo que se apoyan en esta secuencia de resultados electorales para decretar el final del “giro a la derecha”, esta columna prefiere una lectura más pragmática: los votantes castigaron a los procesos de derecha no por cuestiones ideológicas sino porque fracasaron en la tarea de generar condiciones para que la gente pueda vivir mejor.

Viene siendo hora que los líderes políticos comprendan que a las silenciosas mayorías no les cambia demasiado la vida que un presidente gane una discusión con un adversario ideológico, que consiga imponer su visión del orden internacional o que protagonice una disputa discursiva contra los sectores que considera enemigos. Lo que sí cambia su vida es que el salario alcance hasta fin de mes, que los precios dejen de aumentar, que existan empleos de calidad, que puedan acceder a una vivienda, que sus hijos reciban educación y que el sistema de salud responda cuando lo necesitan.

También importa algo menos tangible, pero igualmente determinante: la posibilidad de imaginar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Cuando esas condiciones no aparecen, las identidades políticas pierden capacidad de contención.

Esta interpretación encuentra respaldo en los datos de Estados Unidos. El relevamiento de Associated Press entre votantes de las elecciones legislativas de noviembre mostró que casi nueve de cada diez consideraron el costo de vida un factor importante o decisivo para votar. Alrededor de dos tercios consideraron que las políticas de Trump habían empeorado la economía. La inflación, los precios de los alimentos y los combustibles y el costo de la atención médica estuvieron entre las principales preocupaciones.

Trumpy el riesgo de desatender las prioridades

El caso de Donald Trump resulta especialmente ilustrativo porque su regreso a la Casa Blanca había sido posible gracias a una lectura acertada del humor social estadounidense.

Durante la campaña presidencial, el republicano consiguió conectar con una sociedad preocupada por la pérdida de poder adquisitivo, el encarecimiento de los bienes básicos, las dificultades para acceder a una vivienda y la incertidumbre sobre el futuro laboral. Su discurso prometía recuperar la economía doméstica, fortalecer la producción nacional y devolverles a los trabajadores estadounidenses una prosperidad que, según su diagnóstico, había sido erosionada por la globalización y las decisiones de las administraciones anteriores.

Sin embargo, una vez en el gobierno, buena parte de su agenda quedó subordinada a una concepción ideológica de las relaciones internacionales que terminó generando costos para la propia economía estadounidense.

La política arancelaria fue uno de los ejemplos más evidentes. Trump convirtió los gravámenes a las importaciones en una herramienta de presión política y comercial, muchas veces aplicada de manera discrecional y vinculada a sus diferencias con otros gobiernos.

El problema es que los aranceles los terminaron pagando los consumidores estadounidenses.

Las investigaciones de la Reserva Federal de San Luis habían advertido que el encarecimiento de las importaciones por efecto de los aranceles contribuyó a sostener la inflación por encima de los objetivos de la autoridad monetaria durante parte de 2026.

A esa contradicción se sumó la intervención militar contra Irán. La operación, iniciada en febrero de 2026 junto con Israel, abrió un conflicto regional que tuvo consecuencias sobre los precios internacionales de la energía y obligó a Estados Unidos a afrontar un gasto militar extraordinario.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) estimó que las operaciones militares habían costado alrededor de 38.000 millones de dólares hasta el 1 de agosto. El cálculo no incluía todos los costos indirectos derivados de la guerra y sus efectos económicos.

La encuesta de AP posterior a las elecciones confirmó que los votantes atribuyeron responsabilidades a las decisiones del presidente. La derrota republicana no fue, por lo tanto, una adhesión automática a la propuesta demócrata, sino también una expresión de descontento con las prioridades de la administración Trump.

Advertencia para Milei

La secuencia internacional debería encender una luz de alarma en la Casa Rosada.

Javier Milei llegó a la Presidencia con una propuesta que conectó con un profundo malestar social. Su discurso contra la inflación, el déficit fiscal, los privilegios de la dirigencia política y el funcionamiento del Estado consiguió representar una demanda de cambio que las fuerzas tradicionales no habían logrado canalizar.

La promesa de terminar con décadas de desequilibrios económicos y abrir una etapa de crecimiento encontró respaldo en una sociedad que había perdido confianza en buena parte de sus representantes políticos.

Pero el desafío de gobernar es diferente al de ganar una elección. Una vez que se conquista el poder, la legitimidad ya no puede descansar exclusivamente en la denuncia de los problemas heredados ni en la confrontación con quienes representan modelos alternativos. A casi tres años de gobierno el “riesgo kuka” ya no debería ser una excusa.

El Gobierno argentino corre el riesgo de repetir el error de Trump: confundir las prioridades de su núcleo de adhesión ideológica con las necesidades de la mayoría de la sociedad.

El Presidente continúa presentando buena parte de su actividad política como una batalla cultural contra el socialismo, el kirchnerismo, el periodismo «ensobrado», los sindigarcas, las universidades y prácticamente cualquier sector que manifieste alguna disidencia con su concepción anarco capitalista.

Esa confrontación puede resultar funcional para mantener movilizada a una parte de su electorado. Pero no reemplaza la necesidad de ofrecer respuestas a problemas concretos que atraviesan a millones de argentinos.

La estabilidad macroeconómica, el equilibrio fiscal y la desaceleración de la inflación son objetivos relevantes, pero no agotan la agenda de preocupaciones sociales. El salario, el empleo, el consumo, el acceso a la vivienda, la educación y la salud siguen siendo dimensiones centrales para evaluar la calidad de vida.

La pregunta que enfrenta el oficialismo es cuánto tiempo puede sostenerse una legitimidad basada en la expectativa de que los resultados llegarán más adelante, mientras una parte de la población siente que los sacrificios ya fueron suficientes.

Las mediciones de opinión pública ofrecen señales que merecen atención. El Monitor de Opinión Pública de Zentrix correspondiente a octubre registró un 36,2% de aprobación a la gestión presidencial y un 55,5% de desaprobación. El relevamiento también identificó a los salarios, el empleo y la incertidumbre económica entre las principales preocupaciones.

Compañero, no te hagas los rulos

Si la experiencia internacional deja una enseñanza para el oficialismo argentino, también contiene una advertencia para la oposición.

El deterioro de la imagen presidencial y el crecimiento del malestar social no representan automáticamente una oportunidad electoral para el peronismo. Sería un error interpretar los problemas del Gobierno como una recuperación espontánea de las preferencias que alguna vez permitieron a ese movimiento conducir el país.

Las mismas encuestas que registran el desgaste de Milei muestran que existe una resistencia considerable a regresar a las experiencias políticas anteriores.

Una medición reciente de Synopsis indicó que el 59,5% de los consultados quería modificar el rumbo actual del país, pero solamente el 13,8% proponía regresar a una etapa anterior.

Buena parte del electorado que hoy cuestiona al Gobierno reclama una alternativa que conserve los avances que considera valiosos, corrija los costos sociales del programa económico y ofrezca una perspectiva de crecimiento más inclusiva. No necesariamente está buscando recuperar las condiciones políticas y económicas que caracterizaron a los gobiernos anteriores.

Por eso, el peronismo enfrenta un desafío que excede la discusión sobre candidaturas, liderazgos o internas. Necesita revisar su propia experiencia de gobierno, reconocer errores y construir una propuesta que dialogue con las transformaciones de la sociedad. No lo está haciendo.

No alcanza con reivindicar los años de crecimiento económico, la expansión del consumo o las políticas de inclusión de otras etapas. Tampoco con señalar que los problemas actuales son consecuencia exclusiva del programa libertario. La sociedad necesita saber qué propone hacer para resolver los problemas que el oficialismo no está consiguiendo solucionar.

La nostalgia puede servir para construir identidad, pero no para construir una mayoría electoral.

El fin de un ciclo o el comienzo de una nueva exigencia

¿Estamos entonces frente al final del giro hacia la extrema derecha que caracterizó a buena parte de la política internacional durante los últimos años?

Todavía es prematuro afirmarlo. Los resultados electorales de Estados Unidos, Brasil, Hungría e Israel no representan necesariamente una modificación estructural de las preferencias ideológicas de sus sociedades. Tampoco garantizan que las fuerzas derrotadas no puedan recuperarse ni que sus adversarios estén en condiciones de ofrecer mejores respuestas, los casi 49 puntos de Bolsonaro así lo atestiguan.

De hecho, una de las características más relevantes de este período es la volatilidad de los electorados. Las sociedades parecen dispuestas a ensayar alternativas políticas diferentes, pero también a retirarles rápidamente su respaldo cuando las promesas no se materializan.

En última instancia, los gobiernos son evaluados por su capacidad para mejorar las condiciones en las que vive la sociedad. Y esa evaluación no distingue necesariamente entre izquierda y derecha.

Pragmatismo a la misionera

Los posicionamientos ideológicos extremos y las diatribas rupturistas podrán ser útiles para convocar a partir de emociones potentes como la rabia y el hartazgo, pero ningún proceso político logra continuidad si no consigue resolver problemas concretos de su electorado.

Es una lección que varias dirigencias provinciales parecen haber entendido mejor que la política nacional. Es una posible explicación al hecho de que haya gobiernos provinciales que consiguen sostenerse en la consideración de su electorado mientras que a los presidentes les cuesta cada vez más superar su primer mandato.

Mientras Milei libera su batalla cultural contra un supuesto avance mundial del comunismo woke, el peronismo sueña con Cristina libre y la izquierda con la abolición de las clases sociales, al gobernador Hugo Passalacqua le preocupan asuntos más mundanos, como que los hospitales tengan remedios, que las pymes puedan seguir funcionando, mejorar las rutas y en atender a los afectados por las tormentas del Niño.

En tiempos de escasez de recursos y de franca retirada de la inversión nacional, la tarea es todavía más difícil. Frente a la caída del programa nacional Remediar, por citar apenas un ejemplo, el gobierno de Passalacqua destinó 1.200 millones de pesos por mes a la compra de medicamentos.

Esta semana se abrieron los sobres de una licitación para obras de mejora en la ruta nacional 14 que incluye la construcción de terceras trochas en el tramo que va de Leandro N Alem a Campo Viera y se proyecta extender el trabajo hasta San Pedro. Obras que por tratarse de un trazado nacional corresponderían a esa órbita pero que el Gobierno provincial decide asumir con fondos propios para dar una respuesta concreta a una necesidad real de una parte de la población.

Durante la semana se coordinaron acciones con municipios para atender a los afectados por tormentas en Panambí, Puerto Leoni, Jardín América, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Ruiz de Montoya, Leandro N. Alem, Mojón Grande y Apóstoles.

La semana pasada se inauguraron obras de remodelación integral del área de Pediatría del Hospital SAMIC de Puerto Iguazú y concretó la entrega de seis ambulancias destinadas a fortalecer la atención de emergencias y los servicios sanitarios en distintos puntos de Misiones.

Pero llevar adelante una gestión orientada a aportar soluciones concretas no convierte al gobernador en un mero administrador, sino que también lo obliga a tomar decisiones políticas de fondo que le permitan dar respuesta a las demandas de los distintos sectores.

La audaz de romper con el liderazgo histórico de Carlos Rovira, que hace apenas unos meses parecía inquebrantable, fue condición necesaria para motorizar cambios como la eliminación de la aduana paralela y retenciones de IIBB en billeteras virtuales o para achicar la estructura del Estado eliminando más de cien cargos y descabezando la cúpula de organismos como ATM y EMSA.

El divorcio con Rovira también fue necesario para satisfacer una demanda central de los misioneros que exigen transparencia en la administración. Liberado del escrutinio del histórico conductor de la extinta renovación, Passalacqua empoderó al Tribunal de Cuentas para que pueda auditar a fundaciones y sociedades del Estado y cortó negocios poco claros como Alegramed y Agro Sustentable.

La ruptura con el esquema de poder anterior tampoco garantiza por sí sola un cambio de época ni constituye un cheque en blanco de la sociedad.

Passalacqua deberá demostrar que la renovación de prácticas y estructuras se traduce en mejores resultados, que la austeridad no termina convirtiéndose en parálisis y que la cercanía con los problemas cotidianos puede sostenerse incluso cuando los recursos escasean. El pragmatismo también se pone a prueba cuando hay que tomar decisiones que afectan intereses propios.

Quizá el principal contraste entre la política nacional y algunas experiencias provinciales no esté en sus identidades ideológicas, sino en la capacidad para interpretar qué espera la sociedad de quienes gobiernan. Mientras las grandes discusiones políticas parecen cada vez más ensimismadas en sus propias disputas, una porción creciente del electorado reclama respuestas concretas y resultados que pueda reconocer en su vida cotidiana.

Por eso, las derrotas de Trump, Bolsonaro y Orbán no necesariamente anuncian el final de la derecha, del mismo modo que el desgaste de Milei no anticipa por sí solo una restauración del peronismo. Lo que sí parecen anunciar es el agotamiento de una forma de hacer política que supone que la adhesión ideológica alcanza para compensar indefinidamente la falta de resultados.

La sociedad no se volvió necesariamente más de izquierda ni menos de derecha. Se volvió más exigente con quienes tienen la responsabilidad de gobernar. Y en esa exigencia, que atraviesa fronteras y pertenencias partidarias, puede estar la clave para entender tanto los reveses de las nuevas derechas como la continuidad de algunos oficialismos provinciales. Al final, las urnas suelen ser bastante menos ideológicas de lo que los políticos imaginan.

Paraguay en llamas

La crisis que terminó con la destitución y el procesamiento del presidente paraguayo Santiago Peña tuvo su origen en el colapso de Ueno Bank, pero rápidamente se transformó en un escándalo político e institucional que puso en cuestión los vínculos entre el poder económico, el Gobierno y los organismos de control del Estado.

Lo que comenzó como un problema de solvencia de una entidad financiera terminó provocando la caída de un presidente, una fractura dentro del oficialismo y una investigación judicial sobre el manejo de recursos públicos.

Ueno Bank, perteneciente al Grupo Vázquez, había experimentado un crecimiento extraordinario en pocos años. Su modelo de banca digital le permitió captar aproximadamente 2,9 millones de clientes y convertirse en uno de los principales actores del sistema financiero paraguayo. Sin embargo, su expansión también estuvo acompañada por una fuerte exposición a fondos públicos.

Entre sus principales depositantes figuraban organismos estatales y el Instituto de Previsión Social (IPS), que mantenía alrededor de 380 millones de dólares en la entidad. En total, los depósitos de instituciones públicas rondaban los 850 millones de dólares.

El 3 de noviembre de 2026, el Banco Central del Paraguay dispuso la intervención de Ueno después de detectar un deterioro crítico de su situación patrimonial. Las investigaciones regulatorias habían identificado operaciones crediticias con empresas vinculadas a sus propietarios, posibles incumplimientos de límites financieros y sospechas sobre inconsistencias contables.

La intervención generó incertidumbre entre millones de ahorristas y puso bajo la lupa el destino de los recursos estatales depositados en el banco.

El vínculo que comprometió al presidente

El escándalo adquirió dimensión política cuando salieron a la luz los antecedentes empresariales de Santiago Peña con el grupo propietario de Ueno.

Antes de llegar a la Presidencia, Peña había tenido participación accionaria en empresas vinculadas al conglomerado. Aunque posteriormente vendió sus acciones, las investigaciones comenzaron a examinar si durante su administración existieron decisiones destinadas a favorecer al grupo empresario.

Otro elemento comprometedor fue la designación de Carlos Carvallo, expresidente de Financiera Ueno, al frente del Banco Central. La situación alimentó cuestionamientos sobre la independencia del organismo encargado de supervisar al banco.

La oposición denunció que el Gobierno había utilizado su influencia para favorecer a una entidad vinculada con el entorno empresarial del presidente y mantener allí importantes depósitos públicos.

Aunque esas acusaciones deberán probarse judicialmente, la sospecha de un posible conflicto de intereses provocó un deterioro irreversible de la credibilidad presidencial.

La ruptura del Partido Colorado

La crisis financiera se transformó en una crisis de gobernabilidad cuando el Partido Colorado comenzó a tomar distancia de Peña.

El oficialismo comprendió que sostener al presidente podía comprometer la credibilidad de toda la estructura política. Las protestas de ahorristas, la incertidumbre sobre los fondos públicos y las sospechas sobre los organismos de control aceleraron esa ruptura.

El 5 de noviembre, Peña presentó su renuncia, pero el Congreso rechazó esa salida y avanzó con un juicio político.

El viernes 6 de noviembre, el Senado lo declaró culpable de mal desempeño de sus funciones y aprobó su destitución con 44 votos. El vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia para completar el mandato hasta agosto de 2028.

La caída de Peña no fue solamente consecuencia de la presión opositora: resultó determinante la pérdida de respaldo dentro de su propio partido.

La crisis continuó en los tribunales. La Fiscalía avanzó con una investigación penal sobre el expresidente por presuntas irregularidades vinculadas con el manejo de recursos públicos y el colapso de Ueno Bank.

La acusación contempla posibles delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio. También quedaron bajo investigación antiguos directivos de la entidad y funcionarios vinculados con los mecanismos de supervisión financiera.

Peña negó las acusaciones y sostuvo su inocencia. La investigación deberá determinar si utilizó su posición institucional para favorecer al grupo empresario con el que había mantenido relaciones comerciales.

La caída de Santiago Peña deja al descubierto los riesgos de una relación demasiado estrecha entre el poder económico, el poder político y los organismos encargados de controlarlos.

El caso también plantea interrogantes sobre la administración de los depósitos estatales y la independencia de las autoridades regulatorias.

La principal enseñanza política es que Peña no cayó exclusivamente por el derrumbe de un banco, sino porque ese derrumbe expuso vínculos empresariales, decisiones gubernamentales y posibles conflictos de intereses que terminaron erosionando el respaldo de su propia fuerza política.

Ueno Bank fue el detonante, pero la crisis que terminó con la Presidencia de Santiago Peña fue, fundamentalmente, una crisis de confianza institucional. Paraguay enfrenta ahora el desafío de esclarecer las responsabilidades, recuperar los recursos comprometidos y demostrar que las relaciones entre el poder económico y el político no están por encima de los controles del Estado.

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